El Obispado sostiene que las denuncias se refieren a «tocamientos deshonestos realizados a dos menores» en los años 2001 y 2005 y explica que, «tras haber sido probada la veracidad de las acusaciones», el procedimiento «concluyó en una declaración de culpabilidad del reo y la imposición de diversas penas expiatorias» establecidas por el derecho canónico.
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