Las dos empresas llegaron a manejar más de 1.200 millones de euros al año y estaban sometidas a unos controles más laxos que el Gobierno regional. Dos sumarios revelan que las dos sociedades de la Comunidad pagaron a proveedores de las campañas del PP y a sus medios afines. Púnica motivó la imputación del consejero delegado de Indra, Javier de Ándres, por los pagos que la empresa hizo al PP, mientras su esposa María Fernanda Richmond está en la cárcel por avalar operaciones como directiva del Canal.
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