Vitalinna, una de las empresas investigadas en los tribunales por la trama de jamón caducado, ha paralizado sus actividades. Los servicios de salud de la Comunidad Valenciana han decretado la emergencia sanitaria después de haber encontrado carne en mal estado, contaminada y no apta para el consumo en dos naves ubicadas en los municipios de Alzira y Bocairent. La compañía, propiedad de José Miguel Gómez Hervás, duplicó la facturación en 2016 hasta alcanzar los 23 millones de euros.
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