El juicio a un agente de la Guardia Civil acusado de un presunto delito de tráfico de armas de ha pospuesto hasta el próximo 31 de marzo para seguir con la negociación con el Ministerio Fiscal por un más que probable pacto de conformidad. El uniformado está acusado de los presuntos delitos de tráfico de armas, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía solicita para el agente una pena de ocho años y medio de prisión y para ocho procesados más pide penas que oscilan entre tres años y medio
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