Estas normas no fueron promovidas por el Gobierno de Iñigo Urkullu ni apoyadas por el PNV. La Ley de Vivienda salió adelante con los votos del PSE-EE, EH Bildu y UPyD, mientras que la Ley que evita el uso del Fracking en Euskadi fue aprobada con los votos a favor de PSE-EE, EH Bildu y del propio PP. El Ejecutivo vasco ha recibido un aviso por el que el Gobierno central le comunica que ambas normas vulneran principios constitucionales y, por lo tanto, tiene la pretensión de impugnarlas ante el Tribunal Constitucional.
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