El Gobierno regional de Murcia, del PP, se ha sacado de la manga una partida de más de 300.000 euros para no tener que desprenderse de ninguno de sus 35 asesores de confianza, varios de los cuales son cargos del partido que tuvieron que abandonar sus puestos públicos por estar imputados por presunta corrupción y fueron luego recolocados.
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