El Gobierno quiere mantener el tope al gas mientras dure la crisis energética o hasta que la Unión Europea apruebe la reforma que prepara el mercado eléctrico. La vigencia de la denominada excepción ibérica -el límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad que se aplica en España y Portugal- expira el próximo 31 de mayo, pero el Ejecutivo español quiere extenderla al menos hasta final de 2024.
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