El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece un nuevo marco legal para el sector renovable, de tal manera que deroga toda la legislación previa sobre la cual se realizaron las inversiones. De esta forma, las 62.000 familias españolas que, conforme a las condiciones que ofreció el Estado español, invirtieron 20.000 millones de euros en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica, ven como no contarán con los retornos que tenían garantizados por el Estado para afrontar los pagos pendientes a la banca.
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