Camps se acogió hace cuatro años a la ley que rige para los expresidentes para ocupar plaza en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) –el Consejo de Estado valenciano- a cambio de 57.000 euros al año. Con la legislación actual, podría ocupar ese cargo hasta 15 años. En uso de sus prerrogativas, también contrató a una secretaria y un chófer.
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