La ley Celaá ha cambiado radicalmente la situación de los centros que segregan a los niños por sexo. La nueva norma, que ya ha sido aprobada por el Congreso y está en trámite en el Senado, establece que los llamados centros diferenciados no podrán recibir financiación pública. La ley aún en vigor, elaborada por el PP, contempla lo contrario: que el hecho de separar por sexos no puede entrañar en sí mismo una pérdida del concierto. El asunto acabará, según ha anunciado la oposición, en el Constitucional.
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