La nueva Ley ya no sólo supone regular lo que se consideró “un procedimiento específico para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social”, sino que del contenido del texto se han excluido a entidades privadas y gestoras de viviendas destinadas al alquiler social. La nueva norma no dispone de vías de actuación para aquellas situaciones en las que las personas que van a ser desalojadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad..
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