La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla investiga si la Consejería de la Presidencia, dirigida entonces por Elías Bendodo, cometió algún delito al firmar en plena pandemia unos 3.400 contratos exprés que no respetaron los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección de los candidatos.
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