El 1 de noviembre de 2017, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, llegó a la Audiencia Nacional. Esto se debió al recurso de la Fiscalía a la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar a Carles Puigdemont el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Esto supone el primer pronunciamiento relevante del ministerio público sobre la reforma penal impulsada por el Gobierno.
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