Madrid, Barcelona y Valencia quieren ponerle fin: las tres capitales se han aliado para impedir que se pueda seguir realizando este fraude. Así, han presentado una propuesta a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modificar la instrucción de la DGT que permite inscribir los vehículos de empresa o de particulares en cualquiera de sus sedes sociales o domicilios. En el caso de Barcelona se cifran según Montserrat Ballarín, concejal de Hacienda de la capital catalana, en 2,7 millones de euros.
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