El Consejo de Ministros aprobó ese viernes el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitaba la instrucción de los delitos, tiempo que tienen los jueces para investigar antes de celebrarse el juicio, a 6 meses para las causas ordinarias y a 18 para causas complejas como los relativos a terrorismo y corrupción entre otros. El Partido Popular sabía lo que hacía, conocía perfectamente que esa medida permitiría quedar como “inocentes” a los suyos imputados en tantísimos casos de corrupción a lo largo de todo el territorio nacional.
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