España y otros 10 Estados miembros -entre ellos Alemania, Francia e Italia- han anunciado este martes un acuerdo político "de mínimos" sobre la hoja de ruta para poner en marcha una tasa a las transacciones financieras. El nuevo gravamen se implantará por fases -empezando por las acciones y algunos derivados- para evaluar su impacto económico y su puesta en marcha se retrasa al 1 de enero de 2016.
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