En el lado español de la frontera, “la policía española no permitió el acceso de la Cruz Roja a la zona y tampoco hubo ninguna respuesta de salud pública en el lugar de los hechos para asistir a las personas heridas ni durante el intento de pasar la frontera y la operación policial, ni después”. La organización sostiene que las autoridades españolas “no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que violaron sus derechos de múltiples formas.
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