El Estado español continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000 personas que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total --dato de la Fiscalía General del Estado--. Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento y miles de ciudadanos quedan excluidos de los comicios.
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