Las administraciones públicas incumplen durante 23 años la ley de 1999 que obliga a la restauración de las 300 mil hectáreas de las marismas del Guadalquivir. Doñana se está muriendo por la anemia, por la usurpación de los cauces del agua que nutrían esto, y por las administraciones que se desentienden de la agonía.
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