La Junta de Andalucía, en España, determinó este lunes que en diez días, el jubilado Guillermo Cana deberá sacrificarlas en un máximo de 10 días. El argumento de esta decisión según la Junta se basa en que se trata de una explotación clandestina y acusa al propietario de los animales de usarlos para autoconsumo. El dueño del pequeño ganado ovino no ha dudado en denunciar y recurrir la orden de la administrativa, al igual que hizo Pacma, que opina que las ovejas no han padecido explotación clandestina alguna.
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