Los vuelos de expulsión forzosa de ciudadanos extranjeros que se encuentren bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizados por el Ministerio del Interior, han supuesto un gasto de 26,28 millones de euros en los últimos cinco años. El pasado lunes, entró en vigor el pacto entre la Unión Europea y Turquía para deportar hacia este país a los refugiados e inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia. Un procedimiento de expulsión similar que en España es habitual desde hace años.
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