Quien discrimine a personas LGTBI en “el acceso a los bienes y servicios disponibles para el público”, como la entrada en un local, se expondrá a partir de ahora al cierre de ese establecimiento por un periodo de hasta tres años en Aragón, cuyas Cortes aprueban este jueves la Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, la única de las doce aprobadas y las cinco en trámite sobre esta materia en comunidades autónomas que prevé este tipo de sanciones.
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