El texto obligaría a hospitales clínicas, instituciones oficiales y a la Iglesia a mantener y dar acceso —en un plazo de tres meses— a la documentación que pueda ser de interés a las víctimas de casos de bebés robados. También a los libros y registros sobre ingresos, partos o adopciones de residencias públicas e internados de madres solteras dependientes del desaparecido Patronato de Protección a la Mujer, institución existente entre 1904 y hasta 1984 relacionada con varias denuncias de bebés robados.
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