La Comunidad de Madrid contrató ilegalmente a un licenciado en Derecho para que apoyase al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel entre 2009 y mediados de 2012. Durante al menos un año, Rafael N. G. tuvo acceso a toda la investigación secreta que afectaba a numerosos cargos del PP (entre ellos, un consejero y dos diputados de la Asamblea de Madrid) y a las resoluciones del magistrado, aquejado entonces de graves problemas de movilidad, aunque mantenía perfectas sus facultades mentales.
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