El Gobierno regional desdeña los informes de los arquitectos del entorno de la familia del dictador, despojándoles de cualquier valor pericial. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y los tribunales recibieron denuncias en masa para paralizar el desentierro. El procedimiento fue finalmente suspendido cautelarmente por el juez Yusty Bastarreche, significado públicamente contra la memoria histórica
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