"Vi el cartel cuando bajaba del autobús para ir a trabajar en una marquesina y pensé: manda narices que hayan vendido 1.800 viviendas públicas y ahora se pongan a comprar a particulares", dice Arancha Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta impulsada en 2014 por la excalcaldesa Ana Botella que recortó un 25% el patrimonio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo al traspasarlo a un fondo de inversión a un precio por debajo de mercado.
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