Competencia ha apreciado indicios de que la empresa del Estado ha ido más allá de lo tolerable en las rebajas que ofrece a los grandes clientes - emisores masivos de envíos postales, como bancos, eléctricas o Administraciones Públicas - para adjudicarse sus envíos postales y de que esta práctica se ha modulado para desactivar 'de facto' la capacidad competitiva del resto de las empresas del sector, llegando a ofrecer el servicio incluso por debajo del coste en determinados casos.
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