Un total de 11 empresas, con sede en España (Madrid, Barcelona, Valencia) y Portugal, y una asociación empresarial integraban estos cinco cárteles desmantelados. Estas empresas amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras, hasta que uno de ellos denunció los hechos ante la CNMC. Las sanciones se elevan a esos 44,7 millones para las empresas y a 80.000 euros para la asociación FACEL
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