La central sindical, que presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General del Estado y la Oficina de Conflicto de Intereses contra Rajoy, el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón y el ex director general de los registros, ha expresado en la misiva su "indignación" por esta decisión, que ha sido muy criticada por todos los profesionales de la Justicia salvo por un "grupo minoritario" de registradores. "Los datos privados de los ciudadanos ya no estarán a salvo, pues estarán en manos de empresas privadas".
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