Manipular las cuentas de una entidad bancaria, que a la postre tuvo que ser intervenida por el Banco de España y cuyo saneamientos requirió 5.275 millones de euros de los 9.000 millones que el gobierno puso a su disposición, cuesta dos años de cárcel, la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena y pagar una multa que no llega a los 30.000 euros. Y para ello, la Audiencia Nacional ha necesitado seis años.
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