Caso cerrado, después de un año, para lo ocurrido en Portugalete: la presión popular consiguió echar a las okupas de la casa de Victoria. Ese hecho marcó un antes y un después en la percepción que la sociedad tenía sobre la okupación de viviendas: las okupas la habían dejado sin nada. Un año después la Audiencia vizcaína confirmaba la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo por la que se impone una multa de 900€ para cada una de las dos mujeres que allanaron la vivienda de Victoria.
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