En mayo de 2010 se reunió en Madrid el Tribunal Permanente de los Pueblos, el sucesor del Tribunal Russell, Attac Madrid presentó una denuncia contra el Canal de Isabel II y su grupo empresarial dependiente Inassa, por sus actuaciones en América Latina al considerarlas constitutivas de una vulneración de los derechos civiles, sociales y medioambientales de los ciudadanos de las zonas afectadas.
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