Hasta ahora, las familias de ciudadanos de EEUU secuestrados se enfrentaban a penas de cárcel por ayudar a grupos terroristas mediante el pago de rescates. Un grupo de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca evaluará a partir de ahora la política anti-terrorista de Estados Unidos para evitar que familias que hayan pagado un rescate por sus seres queridos en el extranjero se enfrenten a cargos criminales por financiar grupos terroristas.
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