“Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos, que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas”. Con estas palabras la Comisión Europea describe el sistema en torno al cual gira el polémico modelo 720 —que obliga a los contribuyentes a declarar los activos por valor superior a los 50.000 euros que tengan en el exterior— y justifica su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
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