Bélgica dio un fuerte apretón de tuercas en su legislación tras los atentados del 22 de marzo en Bruselas, al anunciar que los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea deberán firmar un contrato por el cual quedan comprometidos a integrarse en la sociedad, respetar sus usos y costumbres, aprender la lengua y denunciar todo acto que pueda estar vinculado al terrorismo. Cualquier violación del contrato provocará la expulsión del país para el infractor, precisa la nueva normativa lanzada por el gobierno.
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