La consecuencia directa es que a los jefes de ETA ya juzgados por hechos cometidos desde 2004, también les puede ser atribuido ahora el delito de lesa humanidad, que contempla penas de entre 20 y 30 años de cárcel. El juez reclama a las fuerzas de seguridad del Estado que "a la mayor brevedad posible" informen sobre las causas de asesinato o secuestro cometidas por ETA desde 1 de octubre de 2004, e identifiquen a los integrantes de los órganos directivos de la organización terrorista desde esa fecha.
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