El último estudio publicado en el estado español, hace tan solo una semana, no parece haber obtenido demasiada difusión. AI acusa a la constructora Ferrovial de lucrarse con la gestión de los centros de retención de demandantes de asilo a Australia – ubicados en un tercer país: la isla de Nauru. Unos espacios donde, siempre según la ONG, se producen sistemáticas violaciones de DDHH, abusos y terribles condiciones de vida.
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