La Fiscalía Anticorrupción sostiene en un informe de noviembre de 2019 que Francisco González fue la persona que, en virtud a su cargo como presidente ejecutivo del BBVA, ordenó la contratación de los servicios del comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, todo ello "a sabiendas de su ilicitud y al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores".
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