«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados», explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Para la organización de defensa de los derechos humanos, es necesaria la reapertura de los casos..
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