El ministerio de Asuntos Exteriores no ve factible reformar la normativa de nacionalidad para extender la ciudadanía española a los saharauis, alegando que el conflicto de la ex colonia española sigue sin resolverse en la ONU. No encuentra, sin embargo, reparos al envío de armas y material de defensa a Marruecos, censurado por las organizaciones de derechos humanos.
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