La empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias prescinde de su director jurídico, Javier Moya Lámbarri, que ocupaba el mismo cargo en la empresa pública dependiente de Agricultura cuando salieron a la luz las supuestas irregularidades. Fuentes de la compañía niegan que exista relación entre la decisión y el escándalo que investiga la Audiencia Nacional.
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