El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechaza toda crítica al proceso electoral de Venezuela e impulsa proyectos de ley que avanzan contra las organizaciones civiles y la observación externa en los comicios, de acuerdo con sus críticos, mientras restringe y criminaliza la disidencia, un camino que expone cada vez más paralelismos con el que tomó Nicaragua después de las protestas de abril de 2018 bajo el régimen de Daniel Ortega.
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