Según el informe de la fundación Front Line Defenders, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente pagaron un caro tributo en 2017 en su combate contra los megaproyectos de las industrias extractivas. El 80% de las muertes ocurren en 4 países: Brasil, Colombia, México y Filipinas. Las fuerzas de seguridad, en el mejor de los casos, se muestran pasivas. En el peor, son cómplices. Menos del 12% de los asesinatos dan lugar a detenciones.
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