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Los 300 millones aprobados por el Gobierno no son solo para residencias y son las comunidades quienes gestionan el fondo

El fondo social de 300 millones de euros fue aprobado el 17 de marzo para financiar gastos extraordinarios en servicios sociales durante la crisis de la COVID-19 y se repartió a las CCAA cuatro días después. El fondo no era solo para contratar personal para residencias: también para comprar EPIs, asistencia domiciliaria o atención para personas sin hogar. Según el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias, el 8 de mayo terminaron de transferir todo el fondo.

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