PP y Ciudadanos han sido los únicos partidos que no han firmado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Saludimpulsada por Médicos del Mundo. Doce partidos, junto a otras cincuenta organizaciones, han suscrito este documento y se han comprometido a llevar en sus programas electorales la restitución del modelo sanitario universal con el que acabó el Gobierno de Mariano Rajoy al aprobar el Real Decreto 16/2012, que ha provocado que más de 800.000 personas hayan perdido su tarjeta sanitaria.

Los bancos suizos son peculiares. Lo son para todo. También para aceptar un nuevo cliente. Quienes hayan visto la última película de Martin Scorsese, 'El Lobo de Wall Street', recordarán el 'agente' del banco que recibía a Leonardo di Caprio y sus acólitos y cómo les sometía a una entrevista peculiar. La realidad, de manera acentuada en los últimos años, es aún más dura: no cualquiera puede ser cliente de un banco suizo. Mucho más, si se trata de un personaje relacionado con el poder que puede convertirse en 'una molestia' para la entidad banca

@desdelamoncloa: "El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, se encuentra reunido con el Comité Técnico para la #Desescalada. A su término, el director del CCAES, Fernando Simón, dará a conocer los datos de evolución del #COVID19 en rueda de prensa."

El PP ha rechazado este martes los recortes a las partidas presupuestarias de la Casa del Rey planteados por Izquierda Plural, UPyD, ERC y el BNG durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y ha dicho que, más que recortar, habría que ampliar el dinero destinado a la Jefatura del Estado y que, en concreto, debería habilitarse una cantidad "especial" para dar a don Juan Carlos y doña Sofía la "jubilación de oro que se merecen". Así lo ha asegurado el diputado del PP Juan Manuel Albendea durante el debate de las enm

Este proceso se basa en la ley que entró en vigor el 27 de junio de 2002. La Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado, según la Ley de Partidos, son las instancias legitimadas para pedir la ilegalización. La suspensión de las actividades de una formación política puede dictarse en menos de un mes.