En junio de 1499 Francisco Jiménez de Cisneros, que aún no era cardenal pero sí arzobispo de Toledo, primado y canciller mayor de Castilla, ordenó a Antonio García de Villalpando, canónigo de la Iglesia y visitador general de dicho arzobispado, investigar a un grupo de racioneros y canónigos de la catedral toledana por las irregularidades denunciadas sobre su comportamiento.