En mayo de 1968, la Corporación de Vigo aprobaba la adjudicación del nuevo servicio de transporte urbano, implicando la desaparición de los tranvías que daban servicio a la ciudad. Tras esa decisión, diez concejales recibieron de Vitrasa joyas valoradas en 169 700 ptas. La Audiencia de Pontevedra, presidida por Mariano Rajoy Sobredo y con Cándido Conde-Pumpido Ferreiro como fiscal, padres respectivamente del actual presidente de Gobierno y del exfiscal general del Estado, los absolvió; pero dos años después el supremo los condenó por soborno.