Mientras que las grandes empresas de internet no dudan en ofrecer recompensas económicas a los 'hackers' que encuentran agujeros de seguridad en sus servicios, los gobiernos apenas han considerado la opción de premiar a aquellos usuarios que detectan vulnerabilidades en la administración electrónica. Y no es porque no sepan en qué consisten los famosos 'bounty programs': en España, los problemas son más bien la regulación y el dinero.
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