Que aceptemos el trato de usar una aplicación gratuita a cambio de que tengan nuestros datos no significa, ni mucho menos, que un proveedor de servicios pueda vender nuestra información a terceros, un negocio que mueve 100.000 millones de dólares al año y que es legal en muchos países. En España no lo es, pero misteriosamente todos recibimos llamadas y correos de empresas con las que no hemos tenido -ni tendremos- trato de ningún tipo.
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