Asturias sigue los pasos de la Mezquita de Córdoba y se moviliza contra la apropiación del patrimonio prerrománico por parte de la Iglesia, una entidad privada que gestiona los recursos de bienes protegidos que reciben ayudas públicas. Todo el prerrománico asturiano (compuesto por unos 15 bienes) se encuentra en una situación similar. La norma franquista de 1946 permitía a la jerarquía eclesiástica inmatricular cualquier bien que no fuera de culto sin demostrar la propiedad. En 1998, Aznar amplió esta posibilidad a todos los templos.
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